Intervención del presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados
“La transformación profunda de nuestro sistema sanitario no es una opción. Es una necesidad que se ha convertido en una obligación, sobre todo desde la posición en defensa del sector público que todos apoyamos”: así lo ha asegurado Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), durante su comparecencia ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados como miembro del Grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública.
Una intervención que ha comenzado exponiendo la aportación de valor del sector privado a la sanidad, –destacando los datos de asistencia durante la crisis (20% de los ingresos en planta y 15% de los ingresos en UCI), y precisando la naturaleza de la crisis, que considera “de salud pública”. Por este motivo y con el fin de evitar que se repitan situaciones así, Juan Abarca ha apostado por el desarrollo de la Ley General de Salud Pública y la creación de una agencia estatal de Salud Pública de ámbito y autoridad nacional que dé servicio y asesoramiento continuo a las comunidades autónomas asumiendo el mando cuando sea necesario.
“Con un sistema de alertas y vigilancia epidemiológica adecuados podemos sufrir una pandemia, pero se puede evitar la saturación de los servicios sanitarios como ha pasado en esta ocasión y los miles de fallecimientos que no tenían que haber ocurrido”, ha asegurado. Abarca ha aludido a “claros síntomas de agotamiento del sistema sanitario ya antes de la crisis por cuestiones de interés político que no se han querido afrontar y que han contribuido a agravar los efectos de la pandemia, como las dificultades en la accesibilidad al sistema de salud -en forma de listas de espera-, la falta de equidad entre comunidades autónomas el abandono del sector sociosanitario o la falta de colaboración con el sector privado, entre otras”, mientras mostraba el claro objetivo de la sanidad privada a contribuir para tener el mejor sistema sanitario posible, un sistema sanitario universal, suficiente en su financiación, con los mayores niveles de accesibilidad y equidad y con el máximo nivel de coberturas.
10 Propuestas para la reconstrucción del sistema sanitario
- Es imprescindible incrementar la financiación sanitaria pública, como mínimo al nivel del resto de países de nuestro entorno e idealmente, en el orden de 2 puntos del PIB (pre-Covid) a fin de recuperar lo perdido desde la crisis del 2008. Es necesario, asimismo, adaptarse a las circunstancias demográficas y sanitarias de la población actual e incluir en un conglomerado la financiación de los servicios socio-sanitarios y la dependencia.
- Hay que definir los servicios y prestaciones que podemos garantizar a la ciudadanía de forma equitativa e introducir el factor tiempo para priorizar procesos graves de procesos leves. En este contexto, para garantizar la equidad, las coberturas deben de estar definidas por el Ministerio de Sanidad y deben ser iguales en todas las comunidades autónomas. “Las coberturas sanitarias no pueden regirse por el principio de mínimos y que luego cada comunidad las amplíe como considere porque eso va contra la igualdad en los servicios recibidos”, indicó Abarca.
- Debe existir una historia clínica única interoperable que dé continuidad asistencial a los pacientes con independencia de los diferentes niveles de atención y de si las instituciones son públicas o privadas para evitar duplicidades e ineficiencias.
- Hay que promover la transparencia del sistema fomentando la publicación obligatoria de resultados e indicadores sanitarios y, en función de estos, elaborar un mapa de realización de procesos en los centros en función de efectividad en los resultados sanitarios y siguiendo criterios de eficiencia clínica, ya que no debe ser en función de criterios políticos.
- Se debe poner en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública, promovida por el Estado y las CC.AA., que coordine y controle tanto las medidas de salud pública (vigilancia epidemiológica y control de enfermedades) y los protocolos a seguir ante la notificación de alertas internacionales o nacionales, como las medidas de prevención contra los factores de riesgo de la población o el control de la calidad asistencial y el acceso a los recursos de forma equitativa. Una Agencia de Salud Pública que realice la coordinación entre el Estado y las CC.AA. para tomar las medidas y procesos necesarios para afrontar la crisis desde el principio.
- Las CC.AA. deben gestionar su sanidad en base a unos indicadores definidos por parte del Estado, con el control y la supervisión de su cumplimiento a través de la Alta Inspección del Estado o alguna otra Agencia creada para ello, la cual debe tener capacidad sancionadora.
- Se debe impulsar el papel de los profesionales, que deben ser tenidos en cuenta, a través de las diferentes sociedades científicas, en la organización del sistema. Hay que fomentar la estabilidad laboral de los profesionales del sector público y establecer mecanismos de reconocimiento del esfuerzo, el mérito o la formación continuada. El presidente de la Fundación IDIS considera que “sería bueno habilitar un órgano central que ayude y apoye a las CC.AA. Además, es necesario incrementar el número de enfermeras, así como su capacitación y especialización”. También se deben implementar los procesos de resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria y el baremo de daños sanitarios. Ambos mecanismos permitirían una pronta y justa solución en más del 70% de los casos.
- Se debe de establecer un plan de comunicación para conseguir la corresponsabilidad de los ciudadanos en el manejo y cuidado de su salud. Debe promoverse la presencia de los representantes de los pacientes en los órganos de decisión sobre cuestiones que afecten al sistema, dado que son sus principales usuarios y deben de comprometerse con la sociedad a través de tareas de formación del cuidado de la salud y del uso responsable de los recursos sanitarios.
- Es imprescindible fomentar todo tipo de medidas que promuevan la investigación, el desarrollo y la innovación para poder ser foco de atracción de profesionales cualificados y no tener que depender de terceros para el acceso a productos básicos. Un país que usa la innovación como motor de desarrollo es un país avanzado y hacer muchos ensayos clínicos es síntoma de la calidad y el compromiso de nuestros profesionales. Es fundamental establecer un plan que agilice el acceso a la innovación farmacéutica de una forma equitativa para toda la población y realizar un mapa nacional de recursos tecnológicos tanto públicos como privados para diseñar un plan “renove” del parque tecnológico en función de criterios sanitarios y demográficos.
- Finalmente, se debe renovar la confianza en las relaciones entre el sector público y el privado. El sector privado aporta un papel que más que priorizar los resultados económicos pretende también aportar valor a la sociedad y se ha podido comprobar durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Se ha de refundar un sistema que aproveche todos los recursos.
