CEAFA ha solicitado formalmente al Gobierno de España la aprobación de una «amplia dotación presupuestaria» del Plan Integral de Alzheimer y otras demencias (2019-2023) en los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE)
La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha solicitado formalmente al Gobierno de España, en una carta dirigida al vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, la aprobación de una «amplia dotación presupuestaria» del Plan Integral de Alzheimer y otras demencias (2019-2023) en los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE).
A través de un comunicado, CEAFA solicita que esa dotación sea la «necesaria y suficiente para poner en marcha y desarrollar todas las líneas de acción» del Plan, de forma que se atiendan las necesidades de un colectivo que «sufre estigma por la edad, por la enfermedad y por su dependencia de otros, lo que les convierte en los ‘intocables’ de nuestra sociedad».
El Plan Integral de Alzheimer y otras demencias (2019-2023) fue aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales e Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en octubre de 2019, además de haber sido presentado en el Consejo de Ministros el 17 de abril. El documento sigue las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), respeta la declaración del Parlamento Europeo en la lucha contra el Alzheimer y cumple con la Proposición no de Ley (PNL) que aprobó unánimemente el Congreso de los Diputados en 2017 instando al Gobierno a establecer una Política de Estado de Alzheimer.
La presidenta de CEAFA, Cheles Cantabrana, considera que esta dotación económica es necesaria porque «si los 31.000 euros de coste medio anual que supone a cada familia con un familiar afectado por la enfermedad se multiplican por el número de personas afectadas, se está hablando de que las familias en España destinan unos 36 mil millones de euros cada año para atender a su familiar con Alzheimer (2,89% del PIB nacional del 2019)». «Esta cifra nos puede dar una idea del impacto económico de la enfermedad. El Plan Integral de Alzheimer debe responder a ese reto económico con cifras realistas», ha señalado.
Cantabrana denuncia que si se invierten 100 mil euros al año «difícilmente se podrá evitar el colapso de los servicios sociosanitarios en una sociedad tan envejecida como la nuestra». «Máxime ahora que, tras la experiencia del COVID-19, los servicios de protección sociosanitaria han mostrado tantas debilidades y la necesidad de una revisión a fondo. Se necesita una intervención rotunda y clara, ya no podemos mirar a otro lado», ha añadido.
