CESIDA, junto con representantes políticos y entidades sociales se han reunido para analizar el presente y el futuro de los recursos residenciales para las personas con VIH en situación de exclusión social o dependencia.
FUENTE: CESIDA
La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) ha organizado unas jornadas para debatir sobre los modelos de gestión y financiación de los centros residenciales para personas con el VIH, así como para analizar las necesidades de las personas usuarias de estos servicios.
En este evento se ha destacado que el perfil de las personas que necesitan un recurso residencial está cambiando en muchas ciudades. Esto se debe a que las entidades siguen atendiendo a muchas personas de más de 50 años en situaciones de exclusión cronificadas, pero también están apareciendo nuevos colectivos como personas migrantes en situación irregular, además de personas trans y hombres gais que por distintas circunstancias precisan de estos recursos.
Entre las personalidades que han acudido al evento destaca Julia del Amo, la directora del Plan Nacional sobre el Sida, que se ha sentado en la mesa de debate con los distintos representantes políticos con una idea clara: “el Pacto para la no discriminación (asociada al VIH) lucha para que no haya exclusión de estas personas en recursos residenciales por una mala interpretación de la definición de enfermedad `infecto-contagiosa´, en la que no se incluye el VIH”, explicó del Amo.
Por su parte, Antonio Román Jasanada, representante del Partido Popular, se mostró sorprendido al conocer que en algunas residencias de tercera edad públicas, privadas o concertadas se prohíbe la admisión de personas seropositivas: “ya sabemos los mecanismos de transmisión y no tiene sentido que no se permita la entrada a alguien en una residencia o en una piscina por tener el VIH. Me niego a que una persona tenga estigma por tener una enfermedad”, ha declarado el político. Asimismo, Ramón Espacio, presidente de CESIDA, ha reclamado “una instrucción desde el Consejo de Sanidad para que las Comunidades lo apliquen y se acabe con esta forma de exclusión”.
Por otro lado, Marta Marbán, representante de Ciudadanos, ha explicado que el modelo de financiación de este tipo de recursos residenciales no puede depender exclusivamente del IRPF, “que además desde hace dos años pasó a ser gestionado por las comunidades autónomas y ha sido un caos por el cambio del baremo”. Jasanada se ha mostrado de acuerdo con Marbán en este punto y ha añadido que “no hay que descartar otras vías de financiación”.
Desde las entidades sociales presentes se reclamó más responsabilidad institucional en la atención a las personas con el VIH en situación de exclusión. El VIH ya no es determinante, sino que es un factor de vulnerabilidad más, unido a otras muchas circunstancias, por lo que los recursos para estas personas deben estar preparados para atender perfiles diversos. “Llevamos 30 años pidiendo lo mismo y el estigma sigue”, ha denunciado Judit Beltrán, directora del centro residencial La Encina (Burgos). Y añade que «cuando empezamos atendíamos a nuestros hermanos, amigos…, la Administración no sabía qué hacer y nos dio dinero para que las asociaciones nos encargásemos».
Igualmente, representantes del Comité Antisida de Coruña, han pedido a los políticos que sigan de la mano a las entidades: “nos hemos profesionalizado desde esa primera etapa. Hemos demostrado sostenibilidad y eficiencia. Todos sabemos lo que es no cobrar en muchos meses porque el dinero de las subvenciones no llega o llevarte a alguien a casa porque no hay más plazas en el centro”.
Además, las entidades han presentado distintos proyectos para abordar las distintas realidades del VIH. En concreto, la asociación Siloé de Mallorca ha acompañado a 111 personas a morir; por su parte, ABD ha creado un programa de residencias para personas con diversidad sexual o transgénero, algunas de las cuales tienen VIH; también la Fundación 26 de Diciembre desarrolla programas de envejecimiento activo para personas LGTBI y está construyendo un recurso residencial, al que podrán optar personas seropositivas.
Para finalizar las jornadas, Paqui Lucha, de la Asociación Ciudadana Antisida de Guipúzcoa, cerró la presentación recordando que las residencias “también son una estrategia preventiva, ya que las personas con VIH que ingresan mejoran su adherencia al tratamiento”.
CESIDA es la Coordinadora estatal de VIH y sida, la entidad más representativa del movimiento ciudadano de VIH y sida del Estado Español, con presencia en 17 Comunidades Autónomas. Se fundó en el año 2002 y en la actualidad es la organización referente para las organizaciones, entidades e instituciones nacionales del Movimiento Asociativo Organizado que abordan la realidad del VIH y sida en España. Está formada por 72 entidades que representan a más de 120 organizaciones de todo el territorio español.
