El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que este verano se cerrarán más de 9.600 camas, 2.700 más que el pasado año, y se paralizarán «miles» de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los hospitales españoles porque «los distintos servicios de salud buscan ahorrar dinero en lugar de priorizar la atención sanitaria y cuidados de los pacientes y el conjunto de la ciudadanía».
El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que este verano se cerrarán más de 9.600 camas, 2.700 más que el pasado año, y se paralizarán «miles» de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los hospitales españoles porque «los distintos servicios de salud buscan ahorrar dinero en lugar de priorizar la atención sanitaria y cuidados de los pacientes y el conjunto de la ciudadanía».
Tras realizar un análisis de la actual situación en las distintas comunidades autónomas, SATSE ha constatado que desde el pasado mes de junio «se han vuelto a establecer cierres programados y progresivos de camas, consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los centros hospitalarios del conjunto de España que se mantendrán los meses de julio, agosto y septiembre».
El Sindicato de Enfermería subraya que este cierre de camas y la suspensión de consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas es «algo especialmente grave en estos momentos, ya que las listas de espera en todos los servicios de salud se han disparado a consecuencia de la pandemia de COVID-19».
«En lugar de aprovechar el periodo estival para reducir las grandes listas de espera que existen para poder operarse o realizarse una prueba diagnóstica, las distintas administraciones sanitarias han optado, un año más, por echar el cierre en plantas y servicios», apunta SATSE. Por ejemplo, en el caso de intervenciones quirúrgicas, hay cerca de 700.000 personas en espera, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
En concreto, y según los datos recabados en las diferentes autonomías, se van a cerrar en verano, al menos, 9.632 camas en toda España, 2.775 más que el pasado año. Al respecto, SATSE apunta que se trata de una cifra global «a la baja», ya que en distintos centros «no se han querido dar los datos, argumentando que se cerrarán camas en función de la evolución futura de la situación».
Por comunidades autónomas, según SATSE, en Andalucía se cerrarán, al menos, 2.161 camas; 1.900 en Cataluña; 1.650 en Madrid; 675 en País Vasco; 582 en Galicia; 500 en Aragón; y 454 en Asturias. En lo que respecta a Comunidad Valenciana, son unas 200 camas; en Murcia, 308; en Extremadura, 300; 279 en Castilla y León; en Castilla-La Mancha, 185; y en Cantabria, 160. Por último, en Navarra son 93; en Baleares, 86; 54 en Canarias; y 42 en La Rioja.
De otro lado, la organización sindical recalca que otra consecuencia negativa de los cierres estivales es que «conllevan, en muchas ocasiones, el aumento de pacientes desplazados dentro del mismo hospital a otras unidades que no se corresponden con su patología, con el consiguiente riesgo añadido para su salud y seguridad».
En lo que respecta al personal sanitario, el Sindicato incide en que, en lugar de reforzarse las plantillas de enfermeros y fisioterapeutas, «se ha vuelto a cometer el grave error de todos los años de dejarlas bajo mínimos, al no sustituir a todos los profesionales que tienen vacaciones o están de baja por una enfermedad, embarazo o cualquier otra incidencia».
«De esta forma, se sobrecarga aún más a estos profesionales sanitarios que llevan más de 18 meses acumulando un grave agotamiento físico y psíquico a consecuencia de su lucha en primera línea contra la pandemia de COVID-19», añaden desde la organización sindical.
Al respecto, SATSE detalla que el porcentaje de contratación de suplencias de enfermeros oscila entre el 30 y 40 por ciento en las distintas comunidades autónomas, lo que supone que de cada 100 enfermeros que se van de vacaciones solo se contrata a un máximo de 40.
«Estando aún inmersos en plena pandemia de COVID-19, nos encontramos que se priman los intereses económicos a la salud y seguridad de los ciudadanos por mucho que el conjunto de responsables públicos y políticos aseguren ante las cámaras que una de las lecciones aprendidas es reforzar y mejorar nuestro sistema sanitario», concluyen.
