La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entrará en vigor este miércoles 7 de septiembre tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el objetivo de reducir la temporalidad del personal investigador, entre otros.
Entre otras medidas, el texto garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretaría en un año tras la entrada en vigor de la ley.
La futura ley recoge un itinerario postdoctoral de «incorporación estable al sistema«. Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de «incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista», interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.
Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como «investigador establecido», que además conllevará mejoras salariales.
Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.
A mediados del pasado mes de julio, el pleno del Senado no pudo aprobar de forma definitiva el proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, debido a que se aprobó una de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular, con los votos a favor de ERC, Junts, PNV, UPN y Vox.
En concreto, la enmienda aprobada a la Ley de la Ciencia registrada por los populares fue la número 76, que insta a la supresión de la disposición adicional décima de la ley, que hace referencia a los contratos que se encuentren asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos, así como para contratos necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación dependa de fondos europeos no competitivos.
El Grupo Parlamentario Popular justificó, en su enmienda presentada en el Senado, que hay que «equiparar la contratación evitando la discriminación en base al origen de los mismos, siempre que los fondos sean europeos».
